Querétaro segundo estado con mayor aumento de ingresos en hogares
agosto 2, 2025
Reportan 7 despidos en la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro
agosto 4, 2025
Mineros de la comunidad de La Plazuela, en el municipio de Peñamiller, Querétaro, rechazaron categóricamente los señalamientos de un informe publicado por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el cual acusa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de operar minas en la región para extraer mercurio y traficarlo hacia Sudamérica.
Los trabajadores del sector minero calificaron como infundadas las acusaciones y aseguraron que nunca han tenido relación alguna con redes delictivas ni han realizado transacciones fuera del marco legal. Subrayaron además que el comercio del mercurio en forma de cinabrio —como se extrae naturalmente— es muy poco redituable, a diferencia del metal procesado, lo que hace aún menos creíble la supuesta participación de grupos criminales en el esquema que describe la EIA.
Sobre los señalamientos de que las minas se encuentran “fortificadas”, los mineros explicaron que, tras un robo ocurrido en la mina Cristo Vive, la comunidad decidió instalar un arco de acceso con cámaras de videovigilancia, así como portones y cadenas para proteger sus instalaciones. Negaron que estas medidas tengan alguna relación con la presencia del crimen organizado.
Relataron también que hace unos meses un grupo de personas intentó ingresar sin autorización a la zona minera, sin identificarse ni explicar el motivo de su presencia. Más tarde supieron que podría haberse tratado de personal vinculado a la EIA, aunque en ningún momento se les informó formalmente. Esta situación, aseguraron, pone en duda las conclusiones del informe, que afirma que los investigadores fueron amenazados por supuestos miembros del CJNG.
Los propios mineros destacaron que todas las explotaciones están organizadas por comités locales y cuentan con concesiones oficiales, por lo que operan de manera regular y transparente.
En cuanto a las menciones sobre actores políticos, también han surgido cuestionamientos a la versión de la EIA. En particular, señalaron que la mujer mencionada en el informe nunca fue diputada federal por el PAN y actualmente no está afiliada a ese partido. Respecto al empresario queretano señalado, los registros públicos indican que desde antes de 2017 fue uno de los principales exportadores legales de mercurio a países como Colombia, Bolivia y Perú, actividad que estuvo permitida por el Convenio de Minamata hasta 2023.
Por último, tampoco hay una postura oficial del gobierno de Perú sobre el supuesto decomiso de cuatro toneladas de mercurio en sus aduanas. Las autoridades peruanas, de hecho, otorgaron un plazo de 90 días para determinar la naturaleza del material incautado, lo cual mantiene la información en un estado preliminar.
Los testimonios de los mineros, los documentos públicos que respaldan la legalidad de las operaciones y la falta de información clara por parte de las autoridades sudamericanas ponen en entredicho las afirmaciones del reporte de la EIA.
