Capturan en exclusivo fraccionamiento de Querétaro a exalcalde ligado a investigación federal por delincuencia organizada en Morelos
mayo 21, 2026
Fotografía de archivo fechada el 23 de septiembre de 2009, del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán
Un tribunal con sede en Miami, Florida, dictó una sentencia condenatoria dentro del procedimiento civil promovido contra la red operativa del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la resolución judicial condena de manera directa a integrantes de la familia Weinberg y a sus empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano, derivado de su participación en operaciones vinculadas con dicho esquema de corrupción.
De acuerdo con la dependencia, durante el proceso legal se acreditó la intervención de personas físicas y morales que participaron activamente en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos, así como en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos.
Para sustentar la demanda civil, las autoridades mexicanas integraron un amplio acervo probatorio conformado por documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.
Esta nueva determinación judicial amplía los montos que el gobierno de México ha ganado en los tribunales estadunidenses contra el exfuncionario de seguridad y sus allegados.
La UIF detalló que esta resolución “se suma a las sentencias obtenidas previamente en contra de Genaro García Luna y su cónyuge, dictadas en mayo de 2025, por un monto superior a dos mil 448 millones de dólares”.
Con la adición de este nuevo fallo contra la familia Weinberg, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de tres mil 067 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación patrimonial relevante, impulsada por el Estado.
La ejecución del pago no se limitará a transacciones en efectivo, sino que implicará la entrega de propiedades y bienes.
Las autoridades precisaron que la sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial.
La UIF confirmó que dará seguimiento a la ejecución de este acuerdo en coordinación con las autoridades competentes.
-Con información de ADN Informativo
