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Jueces y magistrados consiguieron una suspensión definitiva contra el decreto presidencial que ordenó la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), documento publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2023.
El juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, concedió el fallo que impide a la Tesorería de la Federación entregar los recursos de los fideicomisos, que ascienden a 15 mil millones de pesos (mdp), a las personas damnificadas por el huracán “Otis” en Guerrero.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 1 de noviembre un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para destinar el dinero de los fideicomisos de jueces y magistrados a las personas afectadas por el huracán que llegó a las costas guerrerenses como categoría 5 el 25 de noviembre.
La medida para reconstruir Acapulco fue avalada por las y los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el 9 de noviembre.
En otra resolución, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también concedió una suspensión con efectos generales, es decir, que aplica para todas y todos los jueces y magistrados sin importar que hayan interpuesto o no un amparo para frenar la extinción de fideicomisos.
“Jueces y magistrados resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial; pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”, mencionó Presidencia de la República en un comunicado.
El Gobierno aseguró que los jueces y magistrados quieren beneficiarse de los recursos sin haber realizado una aportación extraordinaria para recibir las pensiones y seguros médicos complementarios
“Por ética judicial, los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF. No debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco”, agregó Presidencia.
Por ello, exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver de forma prioritaria los juicios de amparo para atender a la población en Acapulco y en Coyuca de Benítez, de las más afectadas por el paso del huracán “Otis” en Guerrero.
“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está solicitando a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”, dijo Presidencia.
-Con información de La Lista
